Es un derecho de los ciudadanos que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional del educador social y que posibilita:

• La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social.
• La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisión de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborables, de ocio y de participación social.